Para nadie es un secreto la potencialización que tuvo el comercio electrónico desde el inicio de la pandemia mundial del COVID-19 a principios de 2020, convirtiéndose en el salvavidas de negocios a nivel mundial, en muchos sectores (tradicionales y no tradicionales), como también en una herramienta indispensable para la recuperación económica global.
Colombia durante todo este proceso, se convirtió en uno de los países latinoamericanos que tuvieron mayor crecimiento de transacciones o compras a través de plataformas digitales.
Hablando porcentualmente sobre el país:
Tuvo un aumento del 387% durante las primeras 4 semanas de las cuarentenas estrictas.
Mantuvo a lo largo del 2020, un incremento sostenido del 119%, convirtiéndose en el segundo país después de Chile con el mayor aumento de este tipo de transacciones
Hubo un crecimiento importante del 44% en primer trimestre de 2021, según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.
Sin embargo…
El comercio electrónico a pesar de tener estas cifras tan alentadoras, al tener un incremento exponencial no planificado, ha conllevado a que en la misma magnitud los casos de violaciones a los derechos de los consumidores, hayan aumentado en porcentajes similares con respecto a la época pre-covid.
Así dando cuenta de la la falta de preparación de los comerciantes y las falencias regulatorias de la Ley 1581 de 2012 (Estatuto del Consumidor), para mitigar o controlar los problemas relacionados con estas transacciones, evidenciando la necesidad de una actualización normativa que esté acorde a la nueva realidad del mercado.
Con base a los registros de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), sobre las denuncias interpuestas por los consumidores por violación de sus derechos durante el 2020, encontramos que estas se han formulado en su mayoría por los siguientes motivos:
Incumplimiento de entrega de productos.
Publicidad engañosa.
Incremento injustificado de precios.
Teniendo en cuenta lo anterior...
Con base a la experiencia en asesorías legales en implementaciones de plataformas e-commerce, hemos identificado una serie de causas que suceden de manera reiterativa y que se relacionan con la mayoría de incidentes entre consumidores y plataformas, como serian las fallas en ciberseguridad y prácticas que inducen a errar al consumidor. Donde se presenta mayor dificultad por parte del consumidor
Es al querer ejercer su derecho de retracto, teniendo en cuenta la masificación de oferta de promociones, que inducen a que los consumidores crean que renuncian al derecho de devolución de dinero o retracto cuando se presenta un incumplimiento.
Por lo anterior, viendo la necesidad a garantizar los derechos de los consumidores electrónicos y buscando actualizar la Ley 1480 de 2011 e introducir disposiciones para adaptar el entorno normativo a la realidad del mercado actual, fue presentado en el congreso de la República y actualmente aprobado en tercer debate, el Proyecto de Ley 284 de 2020, que busca adoptar las recomendaciones emitidas en 2016, por el Comité de Política del Consumidor (CCP) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde las innovaciones más relevantes que buscan garantizar más allá los derechos de los consumidores electrónicos, las compartiremos por medio de una nueva entrada del blog la próxima semana.
Sin duda manejar un negocio a través de la web es un reto que se debe afrontar en esta “nueva normalidad” virtualizada. Clúster Legal brinda acompañamiento legal para estos casos e información útil cada semana con una entrada distinta en nuestro Blog.